La mitad de los profesionales de los servicios sociales públicos han experimentado malestar psicológico

En España, los centros de servicios del Sistema Público de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atienden a la mayoría de las personas en situación de necesidad o dependencia, mediante la atención primaria y actuaciones de emergencia social.

El Consejo General de la Psicología de España, Psicofundación y Comisiones Obreras han elaborado el Primer Estudio Nacional sobre las condiciones de salud psicosocial en los Servicios Sociales de las Administraciones Locales para conocer cuál es la salud física y mental de las personas trabajadoras de los servicios sociales públicos. El estudio pone de manifiesto el deterioro de la salud física y mental de este colectivo, así como fallos en la aplicación de políticas públicas de prevención.

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Es bien sabido que la salud mental y emocional de la población general ha empeorado en los últimos años, y más aún con la situación de pandemia por COVID-19, y que cerca del 40% de las personas trabajadoras de los sectores sanitario y social presentan síntomas de trastornos de ansiedad y depresión. El Estudio ha puesto de manifiesto que en los equipos de trabajo de los servicios sociales hay una mayor prevalencia de sintomatología depresiva (52,7%), ansiosa (52,6%) y de estrés (62,3%) que, en otros grupos poblacionales, y que el 94,5% de las personas encuestadas, un 88% de estas son mujeres, presenta síntomas compatibles con el síndrome de la persona empleada quemada (Burnout): cansancio físico y emocional, y desmotivación hacia el trabajo. Además, al 60% del personal le prescribieron al menos una baja médica en los últimos 3 años (la mayoría por enfermedad común, pero muchas de ellas posiblemente derivadas de factores como la ansiedad laboral o el estrés).

Riesgos psicosociales que repercuten de forma negativa en la salud de los profesionales de los servicios sociales:

• Elevado ritmo de trabajo y carga laboral excesiva.
• Falta de personal en relación a la necesidad de atención demandada.
• Poca definición de su rol laboral y conflictos de rol.
• Sentimiento de no recibir un trato justo (distribución de tareas, manejo de conflictos, etc.).
• Falta de previsión en las tareas.
• Violencia laboral: el colectivo que más violencia recibe es el de profesionales del trabajo social, especialmente violencia verbal y física; los colectivos que más violencia física han padecido son el sociosanitario y de educación social.
• Inseguridad con respecto al empleo
• Desconfianza con sus superiores e inferiores y la gestión de los equipos humanos

Las personas encuestadas también señalaron condiciones que favorecen una buena salud física y mental, como las posibilidades de desarrollo y seguridad en las condiciones de trabajo, así como el encaje entre el trabajo desempeñado y sus valores personales y laborales.

El estudio observa también una correlación positiva entre aplicar herramientas de sensibilización y prevención psicosocial en los puestos de trabajo y mejores índices de salud mental. Pese a ello, el 68,7% de las personas encuestadas indican que no se han realizado este tipo de campañas ni puesto en práctica herramientas para la protección en sus centros de trabajo.

Por otro lado, obtienen mejores índices de salud emocional aquellas administraciones que invierten más recursos. Si se comparan los indicadores de depresión, estrés y ansiedad en relación a la inversión autonómica en los servicios sociales públicos, se observa un impacto tanto en la prevalencia como la intensidad de la sintomatología.

Los autores del estudio concluyen que es necesario una suficiente dotación de personal en los servicios sociales públicos, mejorar las políticas públicas de prevención de riesgos psicosociales, incorporar campañas de sensibilización y formación, y atender a los problemas de salud mental que el personal tiene actualmente. De esta manera, mejorando la salud mental de las personas trabajadoras de los servicios se mejorará también la salud de la ciudadanía en general.